La seguridad es una preocupación creciente en las comunidades de propietarios. Ante el aumento de robos, actos vandálicos o simplemente para prevenir situaciones de riesgo, muchos vecinos optan por instalar cámaras de vigilancia en las zonas comunes. Sin embargo, esta medida, aunque efectiva, plantea una pregunta crucial: ¿es legal la instalación de cámaras de vigilancia en una comunidad de propietarios?
Sí es legal, siempre y cuando se sigan los requisitos establecidos por la normativa vigente.
Legislación vigente
En España, la instalación de cámaras de vigilancia en una comunidad de propietarios está regulada por diversas normativas, siendo la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD) y el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) las más relevantes. Estas leyes establecen que la instalación de cámaras debe cumplir con ciertos requisitos para ser considerada legal.
Requisitos legales
Aprobación por la junta de propietarios: para que una comunidad de vecinos pueda instalar cámaras de vigilancia, es necesario que la medida sea aprobada por la junta de propietarios. Para ello se requiere de doble mayoría de votos y coeficientes (mayoría simple). Es importante destacar que la instalación no puede afectar los derechos individuales de los propietarios ni invadir su privacidad.
Finalidad legítima: la instalación de cámaras debe tener una finalidad legítima y estar orientada exclusivamente a la seguridad de los bienes y personas dentro de la comunidad. No se pueden instalar cámaras para supervisar a vecinos específicos o invadir su intimidad. Además, las cámaras deben estar colocadas de tal manera que solo graben las zonas comunes y no áreas privadas, como la entrada de las viviendas o balcones, ni deben enfocar parte ni totalidad zonas públicas, como podría ser la acera o calzada.
Información y transparencia: la comunidad debe informar de manera clara y visible sobre la presencia de cámaras de vigilancia mediante carteles colocados en las zonas vigiladas. Además, se debe especificar quién es el responsable del tratamiento de las imágenes y dónde se puede acceder a la política de protección de datos de la comunidad.
Gestión de las imágenes: las grabaciones obtenidas por las cámaras solo pueden ser conservadas durante un periodo máximo de 30 días, salvo que se utilicen como prueba en algún procedimiento judicial o policial. Las imágenes deben ser custodiadas de manera segura para evitar accesos no autorizados.
Consecuencias de la instalación ilegal
Instalar cámaras de vigilancia sin cumplir con los requisitos legales puede tener consecuencias graves para la comunidad de propietarios. Entre las sanciones más comunes se encuentran las multas por infracciones a la normativa de protección de datos, que pueden ser considerablemente elevadas.
Casos especiales
Existen situaciones en las que la instalación de cámaras puede generar controversia, como en el caso de vecinos que instalan cámaras privadas que graban zonas comunes o cuando se pretende instalar cámaras dentro de ascensores o garajes. En estos casos, es fundamental que la comunidad consulte con un experto en protección de datos o un abogado especializado para asegurarse de cumplir con la legalidad.
La seguridad es importante, pero siempre debe ir de la mano del respeto a la legalidad y a la privacidad de los individuos.