El pasado mes de noviembre, el Congreso de los Diputados aprobó una reforma clave en la Ley de Enjuiciamiento Criminal destinada a agilizar los procesos judiciales relacionados con la ocupación ilegal de viviendas. Esta medida, más conocida como Ley “antiokupas”, introduce cambios importantes en el tratamiento de los delitos de usurpación de morada y su allanamiento, tipificados en los artículos 245 y 202 del Código Penal respectivamente.
Procedimientos más rápidos para casos de ocupación ilegal
La reforma establece que estos delitos serán tramitados a través de juicios de procedimiento abreviado, con un plazo máximo de quince días para la resolución desde que se judicializa el caso. Este avance busca responder a una de las mayores preocupaciones de los propietarios afectados: la lentitud de los procesos actuales, que pueden extenderse durante meses. Con esta modificación, los desahucios en casos de ocupación ilegal podrán ejecutarse de manera más ágil, minimizando el impacto para los dueños de las propiedades.
¿A quién afecta esta nueva Ley?
Es importante destacar que esta enmienda solo se aplica a ocupaciones de carácter delictivo. Esto incluye aquellas en las que el acceso a la vivienda se ha producido sin consentimiento del propietario, constituyendo un delito de usurpación o allanamiento.
En contraste, situaciones como la de inquilinos cuyos contratos de alquiler hayan vencido pero que permanezcan en la vivienda no están contempladas dentro de esta reforma, ya que no constituyen un delito penal. En estos casos, el desalojo debe tramitarse mediante la vía civil, lo que excluye la aplicación del nuevo procedimiento acelerado.
¿Qué implica la nueva Ley “antiokupas”?
La aprobación de esta reforma representa un esfuerzo por frenar el fenómeno de la ocupación ilegal, proporcionando herramientas legales para acelerar los desalojos y proteger los derechos de los propietarios. Actualmente, el proceso de desalojo puede ser complejo y prolongarse en el tiempo, generando una situación de indefensión para los afectados. Con la nueva normativa, se espera que estas situaciones sean resueltas en días, marcando un cambio significativo en la respuesta del sistema judicial.
Próximos pasos: aprobación en el Senado y publicación en el BOE
La reforma aún debe ser aprobada por el Senado y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes de su entrada en vigor. Una vez implementada, se prevé que marque un antes y un después en la gestión de los casos de ocupación ilegal. Para los propietarios, esta Ley supone un nuevo respaldo legal que reduce los tiempos de espera y aporta mayor eficacia a la hora de recuperar sus inmuebles.
Al establecer procedimientos judiciales más rápidos, esta medida busca equilibrar los derechos de los propietarios con la necesidad de mantener el orden legal en la ocupación de viviendas. Aunque no cubre todos los supuestos de ocupación, es un paso importante hacia una mayor protección de la propiedad privada.